EL NUÑEZ CONTINUAMENTE EN LOS TRIBUNALES....El ex alcalde de El Coronil declara que la grabación telefónica "estaba colgada en Internet"

Ver el tema anterior Ver el tema siguiente Ir abajo

EL NUÑEZ CONTINUAMENTE EN LOS TRIBUNALES....El ex alcalde de El Coronil declara que la grabación telefónica "estaba colgada en Internet"

Mensaje  delnido el Vie Abr 23, 2010 12:48 am

El ex alcalde de El Coronil declara que la grabación telefónica "estaba colgada en Internet"
Durante una asamblea de IU-CA se reprodujo un archivo digital de audio en el que figuraba la voz del actual primer edil
EUROPA PRESS. 22.04.2010El ex alcalde de El Coronil José Antonio Núñez (IU-CA) ha declarado hoy ante el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número uno de Utrera (Sevilla) que la grabación digital reproducida en una asamblea local del partido con una conversación telefónica del actual alcalde, Jerónimo Guerrero (PSOE), llegó a manos de la federación de izquierdas a través de un "anónimo", aunque ya entonces el material sonoro en cuestión "estaba en la calle" e incluso "estuvo unos días colgado en Internet".

En declaraciones a Europa Press, José Antonio Núñez informó de que, efectivamente, hoy a comparecido en la mencionada instancia judicial a cuenta de la denuncia formulada en su contra por el PSOE, todo vez que todo parte de la reproducción, en una asamblea de la federación de izquierdas, de un archivo digital que contenía una conversación telefónica del actual alcalde socialista con su secretaria municipal y la secretaria de otro consistorio.

El actual alcalde, cuando fue formulada la denuncia, advirtió de que su teléfono habría sido objeto de "escuchas" ilegales y explicó que IU-CA reprodujo la grabación "vendiendo que íbamos a enchufar a alguien en el Ayuntamiento", lo que le llevó a recordar que los secretarios municipales son "funcionarios" y que, en este caso, la secretaria municipal ajena al Ayuntamiento cuya voz figura en la grabación no ha ingresado en el Consistorio de El Coronil.

El archivo estaba en internet

Por su parte, José Antonio Núñez ha declarado ante el juzgado hoy mismo que la grabación llegó a manos de la federación de izquierdas a través de "un CD" depositado "bajo la puerta" de uno de sus dirigentes, si bien aclaró que ya entones la grabación "estaba en la calle, en los móviles de muchos vecinos" e incluso "estuvo unos días colgada en Internet".

En ese sentido, negó que IU-CA haya practicado escuchas ilegales de ningún tipo, porque él mismo había aclarado que el archivo de sonido figuraba en un móvil del Ayuntamiento que el alcalde habría legado a uno de los trabajadores, a partir de lo cual se habría difundido la grabación. Al respecto, Núñez admitió que su partido "hizo pública" la grabación en la asamblea para "demostrar cómo se hacen los contratos en el Ayuntamiento".

delnido

Cantidad de envíos : 240
Fecha de inscripción : 07/07/2008

Ver perfil de usuario

Volver arriba Ir abajo

No desviar la atención, vuestro fracaso es absoluto

Mensaje  sociedad el Miér Abr 28, 2010 7:26 pm

Delnido, contestar a los muchos mensajes es cansino y no me lleva a ningun sitio, por tanto lo único que te digo despues de mucha mierda hacia Izquierda Unida durante 3 años en las personas del Sr. Diego Cañamero y Sr. José Antonio Nuñez, aún No habeis demostrado nada, ni a la sociedad civil coronileña ni a los votantes, ni a la prensa provincial, ni a nadie.

sociedad
Invitado


Volver arriba Ir abajo

Re: EL NUÑEZ CONTINUAMENTE EN LOS TRIBUNALES....El ex alcalde de El Coronil declara que la grabación telefónica "estaba colgada en Internet"

Mensaje  u el Miér Abr 28, 2010 7:37 pm

para sociedad:

El Coronil: El fiscal ve indicios de prevaricación en la adjudicación de 287 VPO por el ex alcalde
DIARIODESEVILLA* : La Fiscalía de Sevilla ha apreciado indicios de un presunto delito de prevaricación administrativa en la adjudicación de un contrato por valor de 430.500 euros que José Antonio Núñez (IU), ex alcalde de El Coronil, realizó como presidente de la sociedad municipal Sodecor en vísperas de las elecciones municipales de 2007 sin que mediara concurso público.

El objetivo del contrato era la ejecución y dirección de obras para la construcción 287 viviendas protegidas en la urbanización Los Barros.

La resolución de la Fiscalía, que tiene fecha del 8 de septiembre, se produce después de la denuncia que el nuevo equipo de gobierno , del PSOE, interpuso en el mes mayo de 2007, en la que informaba de la operación supuestamente irregular. Las obras se adjudicaron a la empresa B&C Gabinete de Ingeniería Agroindustrial. El regidor socialista, Jerónimo Guerrero, explicó que tomó la decisión de acudir a los tribunales después de que el entonces secretario de Sodecor y del Ayuntamiento le certificara que no tenía conocimiento de la operación.

Entonces, el ex alcalde de IU defendió que se trataba de una promoción de viviendas de la Junta y que todo se resolvió mediante un proceso negociado sin publicidad, perfectamente legal. Incluso, anunció que se iba a querellar contra el PSOE por imputarle públicamente supuestas anomalías urbanísticas.

De momento y tras las indagaciones realizadas, la Fiscalía ha remitido la documentación al Juzgado de instrucción decano de Utrera "para la incoación de las correspondientes diligencias en depuración de responsabilidades de orden penal a que hubiere lugar".

Todo ello, "al entender que tras las actuaciones practicadas -señala la Fiscalía- resultan indicios sobre la comisión de un presunto delito de prevaricación administrativa del artículo 404 del Código Penal". La denuncia del actual alcalde sostiene que pocos días antes de las últimas elecciones municipales, en las que IU perdió la Alcaldía en favor del PSOE, se adjudicó el contrato a la citada empresa en un Pleno y gracias a la mayoría absoluta de IU.

El contrato se adjudicó "a dedo" y sin pasar por ningún tipo de concurso, según el PSOE. Guerrero indica que la sociedades municipales están sometidas a la misma ley que los ayuntamientos a la hora de adjudicar contratos administrativos, que tienen que someterse a concurso público siempre que superen los 12.000 euros.

u
Invitado


Volver arriba Ir abajo

Re: EL NUÑEZ CONTINUAMENTE EN LOS TRIBUNALES....El ex alcalde de El Coronil declara que la grabación telefónica "estaba colgada en Internet"

Mensaje  Javier, el Miér Abr 28, 2010 10:59 pm

Jose antonio, habla y acusa a quien te han metido en todo este marron, habla tio,mira donde estan los que te aconsejaban ,uno en arahal ganando un pastizal y otro presentando libros .Tira de la manta, ni tu ni tu familia se merece que estes pasando por ser un chorizo, alejate de esta gente y vuelve a tu trabajo.Te lo dice un amigo de toda la vida

Javier,
Invitado


Volver arriba Ir abajo

Re: EL NUÑEZ CONTINUAMENTE EN LOS TRIBUNALES....El ex alcalde de El Coronil declara que la grabación telefónica "estaba colgada en Internet"

Mensaje  elmejo el Jue Abr 29, 2010 12:13 am

No creo que te haga caso, esta poseido por el mal.

elmejo

Cantidad de envíos : 215
Fecha de inscripción : 08/02/2009

Ver perfil de usuario

Volver arriba Ir abajo

Javier, amigo de Nuñez agarrate

Mensaje  sociedadcivilnoselevanta el Jue Abr 29, 2010 2:26 am

Javi, amigo, agarrarse que viene curvas...............................................................A la mercantil Sodecor, S.L...........

El delito de prevaricación administrativa cometido por funcionario público, tipificado en el artículo 404 del Código Penal, se caracteriza por ser un delito de naturaleza especial propia, puesto que el sujeto activo ha de ser un funcionario público, con la amplitud que a este concepto, en el que se incluye el de autoridad, atribuye el artículo 24 del citado Código, al comprender en él a toda persona que participe del ejercicio de funciones públicas, bien por disposición inmediata de la ley, bien por elección o nombramiento de la autoridad competente.



Tal y como dispone la Sentencia de la Audiencia Provincial de Toledo, de 2 de mayo de 2001, el delito de prevaricación administrativa cometido por funcionario público, tipificado en el artículo 404 del Código Penal, se caracteriza por ser un delito de naturaleza especial propia, puesto que el sujeto activo ha de ser un funcionario público, con la amplitud que a este concepto, en el que se incluye el de autoridad, atribuye el artículo 24 del citado Código, al comprender en él a toda persona que participe del ejercicio de funciones públicas, bien por disposición inmediata de la ley, bien por elección o nombramiento de la autoridad competente. El bien jurídico protegido no es otro que el recto y normal funcionamiento de la Administración, con sujeción al sistema de valores instaurado por la Constitución, en cuyos artículos 103.1 y 106.1 se proclama el pleno sometimiento de la Administración pública a la ley y al Derecho y su obligación de servir con objetividad a los intereses generales (Sentencias del Tribunal Supremo de 10 de abril de 1992, 25 de febrero de 1994, 7 de febrero de 1997, 29 de octubre de 1998 y 21 de diciembre de 1999), de manera que lo que la norma penal tutela es, en definitiva, el interés público de los ciudadanos en la acomodación a la legalidad de las resoluciones y decisiones de las autoridades y funcionarios. La prevaricación administrativa es un delito indisolublemente unido a la idea de imparcialidad y control democrático del ejercicio del poder, y a la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos (artículo 9.3 de la Constitución). La conducta típica se caracteriza por dos elementos esenciales, que afectan respectivamente al tipo objetivo y al subjetivo.

En el ámbito objetivo, la acción consiste en una resolución “injusta” o, como dice el citado artículo 404, “arbitraria”, dictada en un asunto administrativo. Por resolución, según la mencionada Sentencia de la Audiencia Provincial de Toledo, de 2 de mayo de 2001, ha de entenderse cualquier acto administrativo que suponga una declaración de voluntad de carácter decisorio que afecte a los derechos de los administrados y a la colectividad en general, abstracción hecha de su forma, bien sea expresa, tácita, verbal o escrita (Sentencias del Tribunal Supremo de 30 de mayo de 1973, 14 de abril de 1988, 17 de septiembre de 1990, 21 de febrero de 1994, 14 de julio de 1995 y 9 de junio de 1998; si bien, tal y como posteriormente se señalará, en la actualidad la jurisprudencia se decanta por una interpretación restrictiva del término “resolución administrativa”). Para que la resolución pueda ser considerada injusta o arbitraria a los efectos penales es necesaria, pero no suficiente, su ilegalidad o discordancia con la normativa reguladora del tema que constituye su objeto, ya sea por razones sustantivas, adjetivas, de fondo o de competencia, sin que baste la simple irregularidad o la mera discordancia interpretativa de las normas aplicables, lo que llevaría a criminalizar la actividad administrativa, en detrimento de la jurisdicción de este orden a la que corresponde controlar su ortodoxia legal, de manera que si existe alguna duda razonable sobre su legalidad la cuestión ha de ser depurada en el procedimiento administrativo correspondiente. Este elemento normativo del tipo ha de ser interpretado de modo objetivo y en sentido restrictivo, y así la resolución debe ser, no solo ilegal, sino materialmente injusta o arbitraria, concurriendo ese factor de antijuridicidad material que implica la lesión del bien jurídico protegido. La injusticia de la resolución ha de ser determinada con arreglo a un criterio objetivo que prescinda de la representación particular o de las convicciones que pudieran tener el sujeto activo acerca de lo que procede según su concepción del Derecho, ya que constituye algo que le es extrínseco y que está obligado a conocer, dada la evidencia y fácil perceptibilidad de la ilegalidad (Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de marzo de 1997). Estas consideraciones han llevado a la jurisprudencia a identificar dicha injusticia con la existencia de un desbordamiento de la legalidad flagrante y clamoroso radicado, además de en la absoluta falta de competencia o en la inobservancia de las más elementales normas del procedimiento, en el contenido sustancial de la resolución que supone un torcimiento del Derecho o una desviación del ordenamiento jurídico de tal manera patente, grosera e incuestionable que no puede sostenerse racionalmente (Sentencias del Tribunal Supremos de 10 de mayo de 1993, 27 de mayo de 1994, 6 de octubre de 1995, 23 de abril de 1997, 27 de enero de 1998 y 9 de julio de 1999), dándose en definitiva una injusticia clara y manifiesta, sin fundamento razonable, y situada por completo fuera de la legalidad hasta el punto de que nunca podría tener cabida en ella, pudiendo ser apreciada por cualquiera. Al margen de esta tradicional identificación de la injusticia de la resolución con la evidencia o fácil cognoscibilidad de su ilegalidad o contradicción con el derecho, el requisito de la arbitrariedad, entendida como injustificado o abusivo ejercicio del poder, se ha identificado con la ausencia de una fundamentación jurídica razonable distinta de la voluntad del autor (Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de diciembre de 1999), siendo arbitraria la resolución que no es efecto de la aplicación del ordenamiento jurídico, sino, pura y simplemente producto de dicha voluntad convertida caprichosamente en fuente de una norma particular (Sentencias del Tribunal Supremo de 2 de noviembre de 1999 y 26 de octubre de 2000).

Respecto al tipo subjetivo, la resolución ha de ser dictada “a sabiendas” de su injusticia, lo cual implica que el sujeto tenga plena conciencia de que toma una decisión al margen del ordenamiento jurídico y con notoria arbitrariedad, creando una situación materialmente injusta, de forma que antepone su voluntad, convertida irrazonablemente en aparente fuente de normatividad, a cualquier otra consideración (Sentencias del Tribunal Supremo de 3 de mayo de 1986, 17 de noviembre de 1990, 14 de julio de 1995, 24 de noviembre de 1998, 2 de noviembre de 1999 y 21 de marzo de 2000). Esto implica una conducta eminentemente dolosa, con dolo directo excluyente tanto de la culpa como del dolo eventual (Sentencias del Tribunal Supremo de 23 de mayo de 1998 y 18 de mayo de 1999), sin que sea necesario que el agente obre por motivos espurios o estrictamente particulares (Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de marzo de 1997), y sin que la exigencia de este elemento pueda llevar, naturalmente y como ya se ha apuntado, a la llamada subjetivización de este delito (Sentencias del Tribunal Supremo de 2 de noviembre de 1999 y 26 de octubre de 2000).

Tal y como dispone la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de 20 de diciembre de 2001, todos estos requisitos y condicionamientos tienen una muy clara fundamentación teórica que con palabras de la Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de mayo de 1999 conviene exponer: “en todo Estado constitucional inspirado en el principio clásico de división de poderes se establece un sistema de controles y contrapeso mutuos para garantizar la limitación del poder, el sometimiento de su ejercicio al ordenamiento jurídico y los derechos y libertades de los ciudadanos. Una manifestación, entre otras, de esta característica del Estado constitucional es el artículo 106.1 de la Constitución en el que se dice que “los Tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de ésta a los fines que la justifican”, precepto que residencia en los Tribunales el control para que la actuación de la Administración Pública se realice “con sometimiento pleno a la ley y al Derecho” tal como exige el artículo 103.1 de la Constitución. Este control, sin embargo, no está atribuido a todos los Tribunales indistintamente sino de forma exclusiva a los del orden contencioso-administrativo, a los que el artículo 24 de la ley Orgánica del Poder Judicial declara competentes para conocer de las pretensiones que se deduzcan frente “a disposiciones de carácter general o a actos de las Administraciones Públicas españolas”, así como “de las que se deduzcan en relación con actos de los Poderes públicos españoles de acuerdo con lo que dispongan las leyes”. En consecuencia, el control de legalidad de los actos de los órganos de la Administración pública corresponde a los Juzgados y Tribunales del orden jurisdiccional contencioso-administrativo. Este control no debe ser confundido con el enjuiciamiento, por los Jueces y Tribunales del orden jurisdiccional penal, de las personas que, ocupando o desempeñando las funciones propias de órganos de la Administración, incurren en conductas que revisten caracteres de delito. Los Jueces y Tribunales penales están llamados a juzgar a las autoridades y funcionarios que presuntamente hayan realizado un hecho penalmente típico, pero no lo hacen en el ejercicio de la función controladora establecida en el artículo 106.1 de la Constitución, sino en el ejercicio de la potestad jurisdiccional genérica que atribuye a todos los jueces y tribunales el artículo 117.3 de la Constitución, destinada en el caso del orden jurisdiccional penal a hacer efectivo el mandato de igual sometimiento de ciudadanos y poderes públicos “a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico” que establece y proclama el artículo 9.1 de la Constitución. Los Jueces y Tribunales penales no controlan, pues, a la Administración Pública sino que, sencillamente, declaran cuando procede ejercer el “ius puniendi” del Estado contra la persona (autoridad, funcionario o ciudadano no investido de autoridad alguna) que se ha desviado en su comportamiento de la legalidad realizando un hecho penalmente típico”.

Siguiendo lo dispuesto en la Sentencia anteriormente señalada, un claro indicio de que no puede ser confundida la ilegalidad administrativa con el delito de prevaricación lo tenemos en la enumeración que se hace en el artículo 62 de la ley 30/1992, de los casos en que los actos de las Administraciones Públicas son nulos de pleno derecho. Encontramos en dicho precepto, por ejemplo, junto a los actos “que lesionan el contenido esencial de los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional”, junto a los “dictados por órganos manifiestamente incompetentes por razón de la materia o del territorio” y junto a los “dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados”, a los “que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de ésta”, lo que parece indicar que para la ley es admisible la hipótesis de que un acto administrativo lesione el contenido esencial de un derecho fundamental, sea dictado por un órgano manifiestamente incompetente o producido prescindiendo por completo del procedimiento establecido (que son indudablemente supuestos de máxima ilegalidad) y que el acto en cuestión no sea, sin embargo, constitutivo de infracción penal.

La Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de mayo de 1999, dispuso que la claridad teórica de la distinción que acaba de ser trazada (control de legalidad de la actuación administrativa por una parte, control de legalidad penal de la actuación de personas cualesquiera por otra) puede oscurecerse en la práctica cuando la ilegalidad de un acto administrativo supone, en quien o quienes lo han realizado, es decir, en el titular o los titulares del órgano administrativo que ha producido el acto, la comisión de un hecho en apariencia penalmente típico. Y el problema es especialmente delicado cuando el delito de que puede ser constitutivo el acto es, precisamente, un delito de prevaricación que está legalmente definido, desde un punto de vista objetivo, como el hecho de dictar un funcionario público una resolución injusta. Si la resolución injusta se identifica con la resolución contraria a la legalidad vigente, sea la legalidad sustantiva, sea la adjetiva, es evidente el riesgo de que quede difuminada la línea fronteriza entre el control de legalidad que debe ejercer la jurisdicción contencioso-administrativa para que el ejercicio del poder ejecutivo y la actuación de la Administración se mantenga dentro del marco constitucionalmente establecido y el control de legalidad que, con respecto a todos los ciudadanos, debe ejercer la jurisdicción penal. Llevando a sus últimas consecuencias dicha identificación, podría llegar a sostenerse que detrás de todo órgano administrativo que hubiese dictado un acto contrario a derecho habría una autoridad o funcionario autor de una resolución injusta que, de haberse dictado a sabiendas, habría de ser calificada como un delito de prevaricación. A nadie puede ocultarse que es éste un resultado a que no debe llegarse por más de una razón. Entre otras, porque ni tendría sentido que en el sector administrativo del ordenamiento jurídico el derecho penal dejase de ser la última “ratio” para convertirse en la primera (dando al olvido en este ámbito el principio de “intervención mínima”), ni es buena la judicialización de la vida política a que inevitablemente conduce la derivación hacia el orden jurisdiccional penal de cualquier enjuiciamiento que haya de hacerse en relación con la conducta observada por las autoridades y funcionarios en el ejercicio de sus cargos.

Centrándonos en una breve exposición de los requisitos que son necesarios para que se entienda cometido el delito de prevaricación administrativa, la más reciente jurisprudencia (Sentencias de 23 de octubre de 2000, 23 de mayo de 1998, 20 de abril de 1995, 1 de abril de 1996, 23 de abril de 1997, 27 de enero de 1998, 23 de mayo de 1998, 18 de mayo de 1999 y 2 de noviembre de 1999) los ha sistematizado resumiéndolos en cuatro fundamentales:

Sujeto activoDesde el punto de vista del sujeto activo, éste debe ser una autoridad o funcionario público, debiendo acudirse al artículo 24 CP 1.995, para encontrar la definición de autoridad o funcionario público que a tal efecto ha de ser tenida en cuenta.

El delito de prevaricación requiere que la infracción del derecho cometida por el funcionario tenga lugar en la resolución de un asunto administrativo, es decir, comporte un abuso de sus poderes jurisdiccionales. Con otras palabras: el autor del delito debe haber dictado una resolución administrativa, en la que, aplicando el derecho, haya denegado una pretensión o concedido una ventaja indebida a un administrado. Nuestra jurisprudencia ha reconocido que la aplicación Código Penal permite sancionar también la comisión omisiva del delito, cuando el funcionario debía dictar una resolución necesaria para permitir a un particular el ejercicio de un derecho o para dejar sin efecto una restricción, cuyos presupuestos han desaparecido (Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de enero de 2001).

Siguiendo la argumentación establecida en la Sentencia de la Audiencia Provincial de Girona de 7 de octubre de 1998 la determinación de la tipicidad o atipicidad de la conducta está condicionada a la presencia o ausencia del elemento objetivo de carácter normativo del tipo “resolución administrativa”. La determinación del contenido de este concepto, toda vez que no tiene un significado propio expreso en el Código Penal, lo que no ocurre por ejemplo con el concepto de “funcionario público”, hace que sea necesario complementarlo con datos del derecho administrativo.

Tanto la doctrina científica como jurisprudencial coinciden en señalar que una resolución administrativa es un acto administrativo con sus especificidades. Hay entre ambos conceptos una relación de género a especie. El concepto genérico es el de “acto administrativo” y el específico, el de “resolución administrativa”. Dicho de otra forma, toda resolución administrativa es un acto administrativo, pero no todo acto administrativo es una resolución administrativa.

Ahora bien, en la tarea de precisar el concepto de resolución administrativa no debe perderse de vista que el artículo 105.c de la Constitución Española señala que la ley regulará “el procedimiento a través del cual deben producirse los actos administrativos, garantizando, cuando proceda, la audiencia del interesado”. Esta disposición constitucional ya señala un condicionamiento: sólo serán actos administrativos los que se produzcan a través de un procedimiento. Partiendo de esta base con fundamento constitucional y de lo establecido en los artículos 87.1 y 89 de la ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la doctrina mayoritaria y la Jurisprudencia administrativa han señalado que debe entenderse por resolución sólo el acto que pone fin al procedimiento administrativo (Sentencias del Tribunal Supremo de 26 de septiembre de 1981 y 7 de junio de 1982, Sala 3ª). El artículo 109 de la misma ley hace una enumeración de cuáles son las resoluciones que ponen fin a la vía administrativa.

De esta manera, si de acuerdo con lo expresado anteriormente es resolución administrativa la que pone fin a un procedimiento o vía administrativa, las resoluciones, de conformidad con lo que establece el artículo 55 de la citada ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en cuanto a su forma de declaración, la regla general es que sea por escrito (Sentencias del Tribunal Supremo de 26 de febrero de 1992 y 21 mayo 1997, Sala 3.ª, entre otras). Luego, desde la perspectiva del derecho administrativo, sólo tienen el alcance de “resolución administrativa”, los actos administrativos escritos que decidiendo sobre un asunto administrativo ponen fin al procedimiento o vía administrativa.

No obstante, podría argumentarse que el término “resolución administrativa” tiene un significado propio en el derecho penal y que abarca cualquier decisión injusta tomada por el funcionario público en asunto de la administración, independientemente de que haya sido tomada o no en un procedimiento administrativo. Una interpretación de esta naturaleza, en opinión de la jurisprudencia, implicaría por una parte, una interpretación de acto administrativo contraria al alcance que le da la Constitución en el artículo 105, letra c) y, por la otra, un desequilibrio en perjuicio de los funcionarios públicos en relación con la prevaricación de Jueces y Magistrados que sólo pueden cometer este delito por sus actuaciones prevaricadoras en un procedimiento judicial.

Resolución contraria a DerechoEl funcionario o autoridad debe haber dictado una resolución que se repute contraria a derecho, bien porque se haya dictado sin tener la competencia legalmente exigida, bien porque no se hayan respetado las normas esenciales de procedimiento, bien porque el fondo de la misma contravenga lo dispuesto en la legislación vigente o suponga una desviación de poder. No obstante, prescindimos de un tratamiento individual de este requisito dada su conexión con los siguientes, sobre los que nos retendremos con más detenimiento.

Resolución injusta
No es suficiente, sin embargo, que una resolución administrativa sea contraria a derecho para que su emisión constituya un delito de prevaricación. El control de legalidad de los actos de la Administración corresponde básicamente a la jurisdicción contencioso-administrativa y no tendría sentido, desde la conceptuación del derecho penal como última "ratio", una sistemática criminalización de los actos administrativos que no fuesen adecuados a derecho o implicasen desviación de poder.

Para que la resolución se constituya en elemento objetivo de la prevaricación es preciso que sea "injusta" y la injusticia supone un "plus" de contradicción con el derecho que es lo que justifica la intervención del derecho penal.

En los últimos tiempos, la jurisprudencia de esta Sala ha dicho reiteradamente que tan sólo cabe considerar injusta una resolución administrativa, a efectos de declararla penalmente típica, cuando la ilegalidad sea “evidente, patente, flagrante y clamorosa”. El Código Penal de 1995 se ha situado en la misma línea restrictiva al asociar, en el artículo 404, la injusticia con la arbitrariedad, nota de la que, por cierto, se ha prescindido en la definición de la prevaricación judicial.

La identificación de la injusticia de una resolución administrativa con la evidencia de su ilegalidad pone el acento en el dato, sin duda importante, de la fácil cognoscibilidad de la contradicción del acto con el derecho. Sin perjuicio de ello, el artículo 404 CP vigente ha puesto el acento en el dato, más objetivo y seguro, de la arbitrariedad en el ejercicio del poder, proscrita por el artículo 9.3 de la Constitución. Se ejerce arbitrariamente el poder cuando la autoridad o el funcionario dicta una resolución que no es efecto de la aplicación del ordenamiento jurídico sino, pura y simplemente, producto de su voluntad convertida caprichosamente en fuente de una norma particular. Y esto puede ocurrir porque la resolución sea materialmente injusta por lesionar el interés colectivo o el derecho de un particular, porque quien la dicta carezca manifiestamente de competencia para hacerlo o porque en la génesis de la resolución se incumplan normas esenciales de procedimiento (Sentencia de 14 de noviembre de 2000). Cuando se actúa así y el resultado es una injusticia, es decir, una lesión de un derecho o del interés colectivo, se realiza el tipo objetivo de la prevaricación administrativa, lo que también ocurre cuando la arbitrariedad consiste en la mera producción de la resolución (por no tener su autor competencia legal para dictarla) o en la inobservancia del procedimiento esencial a que debe ajustarse su génesis.

El Código Penal, ha venido a clarificar el tipo objetivo del delito, no innovando sino recogiendo lo que ya expresaba la doctrina jurisprudencial, calificando de "arbitrarias" las resoluciones que integran el delito de prevaricación, es decir como actos contrarios a la justicia, la razón o las leyes, dictados sólo por la voluntad o el capricho. Esta ausencia de fundamentación jurídica razonable distinta de la voluntad del autor y su manifiesta contradicción con la justicia, es lo que caracterizan el acto arbitrario, por lo que no basta la mera ilegalidad sinó que se precisa un “plus” de antijuricidad, que es lo que justifica la intervención del Derecho Penal más allá del control de legalidad propio de la jurisdicción contencioso-administrativa. De forma más clara no lo ha podido expresar el Tribunal Supremo cuando en Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de Marzo de 1997, señala que para sancionar por el delito de prevaricación “hemos de hallarnos ante una infracción de la norma administrativa a la que sean inherentes las notas de evidente, patente, flagrante y clamorosa, y hasta en expresión de alguna resolución, grosera o esperpéntica” (Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de enero de 1998, que señala además la necesaria interpretación restrictiva).

Tal y como acertadamente señaló la Sentencia de la Audiencia Provincial de Cantabria de 23 de enero de 1998, el delito de prevaricación, según reiterada y constante jurisprudencia del Tribunal Supremo (Sentencias, entre otras, de 7 de febrero, 5 y 11 de marzo, y 23 de abril de 1997 y Auto de 30 abril del mismo año), requiere como requisito esencial, que se hubiese dictado una resolución injusta en asunto administrativo, con intención deliberada y plena conciencia de la ilegalidad del acto realizado. Mas la “injusticia” de la resolución, como dice la Sentencia de 3 de marzo de 1997, no cabe identificarla con una simple irregularidad administrativa o con una mera discordancia de las normas, ya que así fuera se correría el riesgo de criminalizar la actividad administrativa y convertir a los Tribunales de lo Penal en un trámite previo a la aprobación de cualquier actuación administrativa (Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de marzo de 1995). De ahí que sean plurales las resoluciones que aluden a la necesidad, para la configuración del tipo, de tratarse de una injusticia clara y manifiesta, ya que si existiera alguna duda razonable desaparecería el aspecto penal de la infracción para quedar reducida la cuestión a una mera ilegalidad de depurar en el correspondiente procedimiento administrativo. Hemos de hallarnos ante una infracción de la norma administrativa a la que sean inherentes las notas de evidente, patente, flagrante y clamorosa, y hasta, en expresión de alguna resolución, “grosera” o “esperpéntica” (Sentencias del Tribunal Supremo de 3 noviembre y 10 de diciembre de 1992, 10 de mayo de 1993, 21 de febrero y 10 de noviembre 1994 y 20 abril y 10 julio 1995), e el nuevo Código Penal, como señala la Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de mayo de 1997, “ha querido significar la insuficiencia de la mera ilegalidad, se necesita algo más, y con ese fin se ha adjetivado la resolución como arbitraria sin suprimir la injusticia de la misma”.

De todo lo anterior se desprende, utilizando los términos del Auto de la Audiencia Provincial de Las Palmas de 14 de enero de 1998, siguiendo lo dispuesto en la Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de mayo de 1997, “la insuficiencia de la simple infracción de la legalidad para sustentar esta figura delictiva (Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de septiembre de 1994). El principio de intervención mínima o última “ratio” que caracteriza al Derecho Penal, exige, además, que el órgano administrativo, en la decisión o conducción de un asunto (aspectos sustantivo y procesal) se desvíe o incumpla la norma legal con perjuicio efectivo o potencial para los intereses del ciudadano o de la causa pública. El Código Penal (artículo 404) ha querido significar la insuficiencia de la mera ilegalidad, se necesita algo más, y con ese fin ha adjetivado la resolución como arbitraria sin suprimir la injusticia de la misma”. Y es asimismo criterio de la Sala Segunda del Tribunal Supremo (Sentencias de 15 de febrero y 17 de marzo de 1995 y la ya citada de 12 de mayo de 1997) la de que la injusticia y arbitrariedad de una decisión en asunto administrativo puede venir determinada por diversas causas y entre ellas se citan: la ausencia de fundamento: si se han dictado por órganos incompetentes; si se omiten trámites esenciales del procedimiento; si de forma patente y clamorosa desbordan la legalidad; si existe patente y abierta contradicción con el ordenamiento jurídico y desprecio de los intereses generales.

Según Jurisprudencia constante (Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de julio de 1997, y Sentencia de la Audiencia Provincial de Castellón de 31 de julio de 1998) en el delito de prevaricación, la injusticia de la resolución, que es un elemento normativo del tipo, puede provenir tanto de la infracción de normas sustantivas como de procedimiento así como de falta de competencia para dictar la resolución cuestionada. Ahora bien, el legislador en el tipo exige un dolo específico que también ha sido denominado reduplicado o reforzado lo que indica que el autor ha de tener una clara conciencia de la injusticia o arbitrariedad de la resolución que dicta. Este actuar injusto o arbitrario indica también la existencia de un propósito inequívoco de conculcar la legalidad reguladora de la actividad o decisión que va a realizar. Conviene destacar que no toda resolución contraria a Derecho entraña en sí misma un delito de prevaricación, ya que es necesario valorar las circunstancias concurrentes y comprobar, si se ha actuado movido por el desprecio a las técnicas o formalidades legales o impulsado por otros propósitos, que desvanecen el elemento subjetivo o lo neutralizan con la aparición de factores de hecho que justifican o explican la decisión adoptada.

La Jurisprudencia se ha ocupado de marcar las diferencias entre las meras ilegalidades atípicas y las resoluciones injustas que integran el delito de prevaricación, sin olvidar nunca el principio de intervención mínima que aconseja descartar el uso del derecho penal y la puesta en marcha de la maquinaria procesal penal, cuando de manera evidente y palmaria la ilegalidad no sea el producto de una decisión inequívocamente orientada a la conculcación del sistema legal que rige la actuación de los órganos de la Administración. Esta exigencia lleva a considerar que, el elemento subjetivo alcanza una plena relevancia cuando existen factores de interés público que pueden aconsejar o justificar una decisión que, siendo formalmente contraria a la ley, está impulsada por el deseo de atender a las necesidades inaplazables del interés general. No podemos olvidar que, la fiabilidad última de la llamada al derecho penal es la de atender a la defensa social y, que ésta no se siente lesionada o disminuida por la simple infracción de la legalidad administrativa, sino por la desviación o incumplimiento flagrante de las normas cuando ésta produce perjuicio a los administrados o a la comunidad. Aun cuando se adopte una posición radicalmente formalista y se sitúe la lesión al bien jurídico protegido en la vulneración de las normas sustantivas o procedimentales que rigen el funcionamiento de la Administración Pública, no podemos aplicar el derecho punitivo cuando falta el elemento subjetivo o intencional. El modelo de intervención mínima del derecho penal se ve reforzado en el nuevo Código Penal y nos lleva a considerar si es necesaria la utilización de su potencialidad represiva y sancionadora en supuestos en los que no concurre de forma clara e inequívoca el propósito de conculcar el ordenamiento administrativo (Sentencia de la Audiencia Provincial de Castellón de 31 de julio de 1998).

"A sabiendas"Por último, para que se cometa el delito de que tratamos, se requiere además que la autoridad o funcionario actúe "a sabiendas" de la injusticia de la resolución que dicta, lo que no sólo elimina del tipo la posible comisión culposa sino también seguramente la comisión por dolo eventual. La exigencia de este elemento subjetivo cualificado no puede llevar, naturalmente, a la llamada “subjetivización” de este delito, que ha sido desechada en la Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de octubre de 1999 en relación con la prevaricación judicial, pero no puede menos de ser ponderada cuando se trata de una prevaricación administrativa cuyo presunto autor puede no ser un jurista. Se cometerá, pues, el delito de prevaricación administrativa cuando la autoridad o funcionario, teniendo conciencia de que actúa al margen del ordenamiento jurídico, en lo sustancial y/o en lo adjetivo, y de que ocasiona un resultado materialmente injusto, adopta un determinado acuerdo porque quiere producir dicho resultado y antepone esta voluntad al deber de atenerse a los mandatos de la ley
[url][/url]

sociedadcivilnoselevanta

Cantidad de envíos : 121
Fecha de inscripción : 11/04/2010

Ver perfil de usuario

Volver arriba Ir abajo

Re: EL NUÑEZ CONTINUAMENTE EN LOS TRIBUNALES....El ex alcalde de El Coronil declara que la grabación telefónica "estaba colgada en Internet"

Mensaje  engaya el Jue Abr 29, 2010 12:31 pm

Total que toda esta parrafada para despistar a la gente es un rollo leerla, pero una vez leída cualquiera con dos dedos de frente y que no sea analfabeto funcional, solo puede deducir que el fiscal tiene razón al ver indicios de prevaricación en la adjudicación del contrato para la ejecución y dirección de las casitas que se iban a hacer en Los Barros hecho por el ANTERIOR presidente de Sodecor.
Lo que has escrito es la justificación de que el presentar esa denuncia no ha sido nada descabellado. Llenas de argumenos al denunciante y al fiscal.

engaya
Invitado


Volver arriba Ir abajo

Re: EL NUÑEZ CONTINUAMENTE EN LOS TRIBUNALES....El ex alcalde de El Coronil declara que la grabación telefónica "estaba colgada en Internet"

Mensaje  Contenido patrocinado Hoy a las 8:19 pm


Contenido patrocinado


Volver arriba Ir abajo

Ver el tema anterior Ver el tema siguiente Volver arriba

- Temas similares

 
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.